Un examen especial realizado a varios procesos de contratación pero sobre todo al proyecto de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum, en el cantón Cotacachi genera confusión sobre la responsabilidad de las glosas establecidas a los funcionarios y fiscalizador de la obra por un monto superior a los USD 3 millones.
El examen especial número DPI-0034-2019, determina varias irregularidades en el proceso precontractual y contractual de la obra, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 14 de mayo de 2014 en el cual Diego García era el prefecto de Imbabura.
Sin embargo el examen establece que, en el periodo comprendido del 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre 2018, en donde Pablo Jurado cumplía las funciones de Prefecto de Imbabura, durante el proceso de construcción de la obra no dispuso se realice una evaluación técnica sobre el estado de mantenimiento y operatividad de esta vía, para que tomen en forma oportuna las medidas correctivas necesarias relacionadas con la reparación de los daños presentados, garantizando su operación y servicialidad; el Director de Infraestructura (E), solicitó el inicio del proceso precontractual y trámite para la contratación del proyecto, sin contar con toda la documentación técnica del proyecto que hubiese permitido que la obra se desarrolle en las condiciones planificadas.
El informe de Contraloría ante lo cual determina que: «la Fiscalización externa y Administrador del Contrato, no realizaron un control y supervisión permanente sobre las acciones del constructor y de la fiscalización, permitiendo el cambio de los diseños sin que se evidencien los correspondientes rediseños, no comunicaron ni pusieron en conocimiento de las autoridades el estado de la vía para que tomen las acciones correctivas que garanticen la reparación y mantenimiento oportuno de la vía; aprobando el pago en proporción directa de los rubros de la estructura del pavimento en 116 305,26 USD., (2 937 001,39 USD. *3,96%= 116 305,25 USD.); por lo que la entidad realizó un pago de 3 053 306,65 USD., por el Asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum que hasta el 31 de diciembre de 2018, presentó un alto nivel de deterioro y no se haya tomado acciones para que el contratista responsable de la construcción de la obra realice los trabajos de reconstrucción y reparación de los daños presentados; que ascienden a 3 458 612,84 USD., de los cuales 2 937 001,39 USD., por daños estructurales en tramos y sitios puntuales a lo largo de toda la vía; por reajuste de precios 405 306,19 USO., (2 937 001,39 USD.* 1,138 coeficiente de reajuste de precios= 405 306,19 USO.) y 116 305,26 USD., la parte proporcional de pago correspondiente a la fiscalización externa».
Y si bien el informe establece responsabilidad del contratista, administrador del contrato, fiscalizador, también contempla responsabilidad de la autoridad del Gobierno Provincial de Imbabura.
Y si bien, en el membrete se hace referencia que el periodo del examen se lo realiza desde el 1 de junio de 2014 al 31 de diciembre del 2018, el análisis contempla desde el inicio de la fase inicial de la obra en julio del 2012 hasta diciembre del 2018.
Ante esta situación el ex prefecto de Imbabura, Diego García, a través de un comunicado, señaló que la responsabilidad recae en los funcionarios que estuvieron en funciones en el periodo 2014 a 2018 deslindado cualquier responsabilidad a la exautoridad y endosando las observaciones del informe a la administración del exprefecto Pablo Jurado.
