El estado de excepción ha sido declarado en siete provincias y tres cantones de Ecuador, incluida la ciudad de Quito. La medida fue oficializada el 2 de enero de 2025 a través del Decreto Ejecutivo 493, emitido por el presidente Daniel Noboa. Esta disposición tendrá una vigencia de 60 días y se fundamenta en la existencia de una «grave conmoción interna» y la declaratoria de conflicto armado.
Las provincias incluidas en esta medida son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, mientras que los cantones afectados son Quito, La Troncal y Camilo Ponce Enríquez. Esta acción gubernamental amplía el alcance del Decreto Ejecutivo 469, emitido el 2 de diciembre de 2023, mediante el cual se había renovado el estado de excepción en seis provincias y dos cantones. A las regiones previamente incluidas, ahora se suman Sucumbíos y el cantón La Troncal.
La decisión fue tomada en respuesta al aumento en los índices de violencia, delitos y la presencia prolongada de grupos armados en diversas zonas del país. En el marco del Decreto 493, se ha dispuesto la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias y cantones mencionados. Además, se ha establecido la restricción de libertad de tránsito en 22 cantones de las provincias de Azuay, Guayas, Cañar, Los Ríos, Orellana y Sucumbíos, así como en la parroquia Tenguel, en Guayas.
El toque de queda, que no incluye al Distrito Metropolitano de Quito, será aplicado diariamente desde las 22:00 hasta las 05:00 en los cantones especificados. Entre ellos figuran Camilo Ponce Enríquez en Azuay; La Troncal en Cañar; Durán, Balao y Tenguel en Guayas; varios cantones de Los Ríos, y localidades de Orellana y Sucumbíos. Durante este horario, las personas que circulen sin autorización serán puestas a disposición de las autoridades competentes.
Sin embargo, se han establecido excepciones para ciertos grupos, entre los que se encuentran el personal de salud, miembros de la fuerza pública, seguridad privada, servicios de emergencia, servidores públicos de alto nivel, contratistas del sector público, y trabajadores de sectores estratégicos y de la industria nocturna, entre otros.
