Alcaldesa de Otavalo se pronuncia sobre sanción por contaminación del Lago San Pablo y plantea acciones para su recuperación

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En una entrevista concedida a Radio Satélite, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, se pronunció sobre la sanción impuesta por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al Municipio de Otavalo y a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAO-EP) por el vertido de aguas residuales sin tratamiento en el Lago San Pablo. La multa asciende a USD 23.970 y responde a incumplimientos detectados por el ente ambiental en la operación de las plantas de tratamiento por parte de la Municiplidad.

 

Durante su intervención, Hermosa afirmó que la actual administración trabaja en la repotenciación de las 14 plantas de tratamiento existentes y que EMAPAO cuenta con un presupuesto de USD 300.000 para mantenimiento. Sin embargo, reconoció que no existen recursos suficientes para una intervención integral y estimó que se necesitarían al menos USD 30 millones para un plan completo de recuperación del lago.

 

 

La alcaldesa también atribuyó parte de la problemática a altos niveles de asentamientos humanos alrededor del lago, la falta de planificación en administraciones anteriores y la no regularización del traspaso de las plantas operadas por juntas de agua. Anunció que se trabaja con técnicos del BEDE en los estudios para un colector marginal, que recoja las aguas residuales hacia una planta intermedia. Este proyecto tendría un costo estimado de USD 10 millones, cuyos estudios se prevé financiar en 2026.

 

 

Hermosa criticó el accionar de ciertos colectivos ciudadanos, como Pachamama, señalando que sus acciones tienen «un tinte político-electoral» y que no hubo pronunciamientos similares en el pasado. Pese a ello, dijo que saluda el fallo judicial que ordena continuar con el plan de acción y mesas técnicas para la recuperación del Lago San Pablo.

 

Finalmente, anunció que apelarán la resolución del MAATE, pero reiteró que el cuidado del lago requiere un esfuerzo compartido entre el Estado, el municipio y las juntas de agua, y pidió al Gobierno Nacional incluir recursos para este objetivo en su presupuesto.