Además, el Gobierno oficializó la fusión de varias entidades mediante decretos ejecutivos:
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda → se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Ministerio de Cultura y Patrimonio y Ministerio del Deporte → se integran al Ministerio de Educación.
Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos → se fusiona al Ministerio de Gobierno.
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica → se integra al Ministerio de Energía y Minas.
Secretaría de Educación Superior (Senescyt) → pasa al Ministerio de Educación.
Ministerio de Turismo → se fusiona al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil → se integra al Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Secretaría de Inversiones Público Privadas → pasa al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público → se fusiona a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia.
Secretaría Nacional de Planificación → se integra a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.
Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares → se incorpora al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Asimismo, el Gobierno dispuso la adscripción de dos entidades clave al Ministerio del Interior:
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.
Estas reformas estructurales se complementan con la entrada en vigencia de la Resolución MDT-2025-032 del Ministerio del Trabajo, que norma el proceso técnico para la supresión de puestos públicos, detallando los criterios de selección, indemnización y eliminación de partidas presupuestarias.
Sindicatos y organizaciones laborales han cuestionado la decisión, alertando sobre posibles vulneraciones de derechos y despidos masivos sin diálogo previo. El Ejecutivo sostiene que el proceso se rige por la Ley de Servicio Público y prioriza la sostenibilidad fiscal del país.
