La publicación en el Registro Oficial de la norma técnica para la supresión de puestos públicos, emitida este 24 de julio de 2025 por el Ministerio del Trabajo, intensificó el temor de despidos masivos entre los servidores del sector público. La medida se enmarca en las reformas recientes a la Ley de Servicio Público, impulsadas por la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública, lo que generó reacciones inmediatas de gremios sindicales.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) alertó que el Gobierno se prepara para despedir a cerca de 5.000 trabajadores bajo la figura de supresión de puestos, contemplada en el Decreto Ejecutivo 57 del pasado 22 de julio. Paralelamente, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), liderada por Remigio Hurtado, mantiene reuniones para analizar el impacto potencial de esta decisión.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, respondió a las críticas afirmando que los dirigentes sindicales desconocen el marco legal vigente. Recordó que la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), vigente desde 2010, ya contempla en su artículo 47 la posibilidad de cesar funciones por supresión de puestos, una figura legal que —según dijo— no es nueva.
Sin embargo, la publicación de la Resolución MDT-2025-032 establece por primera vez una normativa técnica detallada para la aplicación del proceso. Según el documento, las unidades de Talento Humano deberán emitir un informe que justifique la eliminación de puestos por razones técnicas, funcionales, económicas o de innovación. Además, se debe identificar al personal afectado, confirmar su elegibilidad legal y verificar que no estén protegidos por excepciones.
La resolución señala que la supresión de puestos debe ir acompañada de notificación formal al servidor, pago de indemnizaciones y liquidación correspondiente. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas eliminará las partidas presupuestarias suprimidas.
En un plazo máximo de 30 días, el Ministerio del Trabajo, junto con Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, deberá emitir un anexo que regule la supresión de puestos en el grupo 71, vinculado a proyectos de inversión en sectores como Educación y Agricultura.
