El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó el 11 de julio de 2025 una propuesta de reforma constitucional que busca establecer la castración química como pena adicional para quienes cometan delitos sexuales, especialmente violaciones, además de la condena en prisión. La medida, que no constaba en su plan de gobierno, surge en medio de la atención mediática generada por la reciente denuncia por violación contra el asambleísta Santiago Díaz, de la bancada de la Revolución Ciudadana.
La iniciativa, según voceros del Ejecutivo, busca endurecer las sanciones contra los delitos sexuales, en particular aquellos cometidos contra menores de edad. La propuesta retoma un planteamiento realizado previamente por legisladores como Arturo Moreno, del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), quien ya había sugerido reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para incluir esta medida.
La castración química consiste en la administración de medicamentos que reducen la libido y los niveles de testosterona en quienes reciben el tratamiento. No implica intervención quirúrgica, y sus efectos pueden revertirse si se suspende el suministro. Países como Polonia, Corea del Sur, Rusia y varios estados de EE. UU. ya aplican esta medida, aunque con distintos niveles de supervisión y bajo marcos legales variados.
Según estudios citados por el Ministerio de Justicia británico, la castración química puede reducir la reincidencia en delitos sexuales hasta en un 60%, especialmente en agresores con patrones compulsivos de conducta delictiva.
La propuesta de Noboa abre un debate jurídico y ético en Ecuador, en un contexto de creciente preocupación social por los delitos sexuales. La iniciativa deberá seguir los canales establecidos para reformas constitucionales, lo que podría incluir un referéndum si se aprueba su trámite en la Asamblea Nacional.
