La Corte Provincial de Justicia de Imbabura emitió una sentencia en contra de la Prefectura de Imbabura, al determinar que la desvinculación de D.A., periodista vinculada al proyecto Warmi Imbabura, constituyó una violación a sus derechos constitucionales debido a que pertenece a un grupo de atención prioritaria y padece una enfermedad catastrófica (cáncer de glándula parótida).
El fallo indica que el acto administrativo contenido en el Memorando N.º PCI-P-2024-0353-M vulneró los derechos a la igualdad y no discriminación, al trabajo digno, a la seguridad jurídica y a la estabilidad laboral reforzada en condiciones de salud grave.
Según el tribunal, la terminación del contrato se atribuyó a la administración del GAD Provincial, bajo responsabilidad del prefecto Richard Calderón, aunque con una participación central de la viceprefecta Paolina Vercoutére, señalada en la decisión judicial como responsable directa de la desvinculación.
Durante el proceso, la periodista denunció que fue separada de su cargo sin motivación suficiente, sin defensa previa y sin consideración a su condición médica. El juez ponente, Farid Estuardo Manosalvas, calificó la medida como “un acto administrativo violatorio de derechos que obliga a su reparación integral”.
La Corte ordenó:
- Reintegrar a la periodista a su puesto o asignarle uno de iguales condiciones y remuneración.
- Pagar los haberes que dejó de percibir desde su desvinculación.
- Ofrecer disculpas públicas en un medio de amplia circulación.
- Implementar protocolos y capacitaciones para evitar actos discriminatorios contra personas en situación de vulnerabilidad.
En su defensa, la Prefectura argumentó que el contrato era de carácter ocasional y que había concluido su plazo. No obstante, el tribunal recordó que, en casos de enfermedades catastróficas, las entidades públicas están obligadas a aplicar medidas de protección reforzada.
El caso genera repercusión política e institucional, pues además de la reparación económica y administrativa, la sentencia cuestiona la actuación de las autoridades provinciales y su manejo frente a una trabajadora en condiciones de salud grave.
