Comunidades indígenas de Cotacachi declaran levantamiento y exigen derogatoria del Decreto Ejecutivo 126

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) resolvió en Asamblea Extraordinaria, con la participación de 40 comunidades de las cuatro parroquias del cantón, declarar un levantamiento permanente en rechazo al Decreto Ejecutivo 126 emitido por el Gobierno Nacional.

 

En el comunicado oficial, las comunidades demandan la derogatoria inmediata del decreto, argumentando que la medida incrementa los costos de vida y afecta de manera directa a agricultores y campesinos. La organización señaló que esta disposición “vulnera los derechos del pueblo y golpea con mayor fuerza a los sectores empobrecidos y subrepresentados”.

Entre las resoluciones adoptadas, la UNORCAC anunció que convocará a una movilización indefinida desde el domingo 21 de septiembre a las 22:00, como expresión de resistencia frente a las políticas gubernamentales. Asimismo, declararon a la actual vicepresidenta de la República como persona no grata, durante su presencia en la provincia de Imbabura, y exigieron que las brigadas sociales y programas estatales sean coordinados únicamente con los cabildos comunitarios.

 

El documento también establece la prohibición del ingreso de funcionarios del Gobierno, Policía Nacional y Fuerzas Armadas a los territorios comunitarios de Cotacachi, en defensa de su autonomía y libre determinación. Además, los dirigentes rechazaron la imposición de políticas extractivistas, la criminalización de líderes indígenas y campesinos, y exigieron respeto al precio oficial del gas doméstico y su distribución en las comunidades.

Finalmente, la UNORCAC llamó a las actividades comerciales del cantón a sumarse al espacio de resistencia con el cierre temporal de locales y tiendas, y demandó a las entidades financieras suspender el cobro de créditos durante el periodo de protesta.

 

Con estas resoluciones, las comunidades de Cotacachi reafirmaron que su lucha no constituye un acto de terrorismo, sino un ejercicio legítimo de defensa de sus derechos colectivos.

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