Familia Morejón no asistió a evento de medición de tierras acordado con alcalde de Ibarra


Cinco minutos antes de las 09:30 de este lunes 13 de noviembre del 2017, el alcalde del cantón Ibarra, Álvaro Castillo, arribó al parque de Pilanquí, junto a su esposa Sandra Monge. Lo hizo, para cumplir el compromiso -que adquirió durante una entrevista radial el 7 de noviembre- de medir junto a la familia Morejón, los predios que están en conflicto desde 1992.

En el mismo espacio periodístico también participó vía telefónica el señor Galo Morejón, en representación de los demandantes. Luego de permitirle exponer sus argumentos, el conductor del programa le preguntó si existía la posibilidad de realizar entre las partes una medición conjunta de los terrenos en litigio y el entrevistado respondió que sí.

Así, se concretó el encuentro para el lunes 13 de noviembre en el parque de Pilanquí a las 09:30, como el primer paso para solucionar este conflicto que cinco administraciones precedentes no lograron solucionar.

Asimismo, decenas de ciudadanos, colectivos urbanos y funcionarios municipales, llegaron al sitio vestidos de rojo y blanco para conocer cuál es la dimensión real de los terrenos donde el Municipio de Ibarra construyó la extensión de la avenida Teodoro Gómez de la Torre, parte de la avenida Heleodoro Ayala y el parque de Pilanquí.

Según la dirección de Avalúos y Catastros y el departamento de Planificación del cabildo, esas obras públicas fueron construidas en un área de 42.929 m2 y no en 67.604 m2, como erróneamente estipuló un perito en 2012, que además valoró cada metro cuadrado afectado en 150 dólares, cuando el avalúo catastral era de sólo 50 dólares.

“Por más resoluciones judiciales que existan, el municipio no puede pagar por 67 mil m2 de terreno, porque sólo existen 42 mil m2. De tal manera que la sentencia que nos obliga a pagar 10 millones de dólares por 67 mil m2 es inejecutable”, manifestó Castillo.

Sin embargo ya la familia Morejón anunció que no asistirá a la medición, por que, tal como sucedió, temía que el acto se convierta en un evento de apoyp para el Alcalde y no en una verificación de la extensión en disputa. Ratificando que la sentencia está dada y que por la familia el tema no tiene mayor discusión

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