Mesa de Justicia busca mejora de situación penitenciaria en Imbabura

Plantear acciones para mejorar la situación de los centros de privación de libertad en la provincia y la lucha contra la corrupción fueron, entre otros, los temas abordados por la Mesa de Justicia de Imbabura en su primera reunión de 2018.


La actividad estuvo presidida por la dirección provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) y, en esta ocasión, contó con la participación de autoridades provinciales y zonales de la Función Ejecutiva como la Gobernación de Imbabura, Sistema Integrado de Seguridad ECU911 y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC).


El director provincial del CJ, Danilo Espinosa de los Monteros, resaltó la importancia de la Mesa de Justicia que, desde su inicio en 2013, suma 64 reuniones de trabajo.


“Hemos tratado diferentes puntos entre los cuales priorizamos la situación de los centros de privación de libertad en en cuanto a seguridad, el combate a la corrupción y la definición de acciones para una coordinación adecuada entre Policía Judicial y Fiscalía”, manifestó Espinosa de los Monteros.


Precisó que como resultado de la reunión, la Policía Nacional remitirá un informe el ECU911 para la valoración técnica que facilite la instalación de cámaras de seguridad en los centros de privación de libertad de Ibarra; se firmó una misiva con el pedido al Ministerio de Justicia para el traslado de su coordinación zonal a Ibarra con el objetivo de mejorar la coordinación de acciones; y, se cumplió la entrega de documentación solicitada por la Defensoría Pública para impulsar trámites de garantías penitenciaras a favor de las personas privadas de libertad (PPL) que registran el 60% y 80% de la pena cumplida.


Por su parte, la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, destacó la importancia del trabajo articulado y con respeto a la independencia entre funciones del Estado.

“Existe un nuevo sistema penitenciario centrado en el ser humano (…) el reto es cambiar la estructura institucional del centro de rehabilitación que alberga PPL, necesitamos una infraestructura que garantice precisamente la reinserción, seguridad y que permita la rehabilitación”, sostuvo Peñafiel.


Finalmente, Espinosa de los Monteros agradeció a las instituciones participantes por el compromiso permanente para la erradicación de audiencias no realizadas, las cuales en diciembre de 2017, “alcanzaron apenas el 1.2% de un total de 262 audiencias convocadas en materia penal y ninguna fue por responsabilidad de los operadores de justicia”.


En la actividad participaron los representantes del Consejo de la Judicatura, Corte de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Gobernación, SIS ECU911, Policía Nacional, Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas de Ibarra (CPLPAI) y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.