Función Judicial se compromete con el Acuerdo Nacional 2030 en el eje por una vida libre de violenci

En el marco del Acuerdo Nacional 2030, este lunes 29 de julio de 2019, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado Sánchez, suscribió el “Acuerdo Nacional por el Acceso a Justicia para una Vida Libre de Violencias”, que crea la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia en el Ecuador, instancia que, conjuntamente con la ciudadanía, formulará políticas y acciones para garantizar la protección y atención efectiva e integral a las víctimas de violencia.


El documento también fue firmado por Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia; Diana Salazar, fiscal general del Estado; Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social; Cecilia Chacón, secretaria nacional de Derechos Humanos; entre otras autoridades de Estado y representantes de la sociedad civil.


Al evento asistieron el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; y el titular de la Asamblea Nacional, César Litardo.

El acuerdo plantea el fortalecimiento de la justicia especializada en el país, con el propósito de que niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad, con diversidad sexo genérica y en situación de movilidad humana, cuenten con la adecuada asesoría y representación técnica legal, al momento de exigir el cumplimiento de sus derechos.


Durante su intervención, la Presidenta del CJ indicó que desde el 10 de agosto de 2014 se han registrado 342 femicidios y la sociedad no puede tolerar más este tipo de casos. Señaló que ante esta situación es un deber cívico ser parte del Acuerdo 2030. “Como autoridades debemos tutelar con efectividad los derechos de todos los ciudadanos, en especial los grupos vulnerables”.


La doctora Maldonado explicó que la Corte Nacional de Justicia (órgano jurisdiccional), la Fiscalía y la Defensoría Pública (órganos autónomos), son parte de la Función Judicial y están llamados a cumplir las competencias que determina la ley.


Recordó que el CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y tiene como su cuarto eje de acción institucional el Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. “En ese trabajo nos encontramos, comprometidos con la erradicación y la prevención de la violencia”, sostuvo.


En esta línea, destacó la existencia de 30 unidades judiciales especializadas en la lucha contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar. Adicionalmente, dijo, se implementarán hasta fin de año ocho unidades más de este tipo.


También sostuvo que se aplica con firmeza el sistema disciplinario contra los funcionarios judiciales que vulneran los derechos de las víctimas de agresiones. Invitó a la ciudadanía a denunciar a los servidores que tienen un mal comportamiento administrativo y disciplinario.


De su parte, el Vicepresidente de la República señaló que la creación de la Comisión Mixta Nacional permitirá actuar con agilidad para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de hechos de violencia. “Tener que actuar en el plano judicial implica que fracasamos como sociedad porque lo importante es prevenir y evitar que esto ocurra formando jóvenes y reeducando a los adultos”, sostuvo.


A través de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia en el Ecuador se diseñarán mecanismos interinstitucionales para evitar la discriminación y revictimización de las personas que sufren agresiones; y, reducir las vulnerabilidades y el riesgo que trae la violencia a sus vidas.


La Función Judicial trabajará articuladamente con la ciudadanía y la Función Ejecutiva en los ejes de prevención, protección, sanción y erradicación de delitos como el femicidio y el abuso sexual.


En el ámbito judicial, las acciones de la Comisión estarán orientadas a garantizar que la atención a las víctimas sea oportuna, eficaz y en un marco de reparación integral lo cual además, permitirá combatir la impunidad.


Datos:


El Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias movilizó 16 acuerdos zonales y provinciales, la voluntad y el compromiso de 3.100 lideresas y líderes sociales, de organizaciones de mujeres y derechos humanos; 160 Gobiernos autónomos descentralizados, 21 gobernadoras y gobernadores y 8 asambleístas. Se han creado 16 grupos promotores ciudadanos para la exigibilidad de los acuerdos.