Arcsa intensifica acciones de control en plantas embotelladoras de agua del país


Para garantizar el consumo óptimo del líquido vital, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, refuerza los controles en territorio para que los establecimientos que procesan agua embotellada y empresas proveedoras del servicio de agua potable cumplan con todas las normas de calidad, seguridad e inocuidad.

En lo que va del año, a nivel nacional Arcsa registra: 910 controles pos notificación a plantas que procesan agua, de las cuales 74 incumplieron con la normativa; y 215 controles a empresas proveedoras del servicio de agua potable, en donde se registraron 28 irregularidades.


Desde inicios de septiembre, la Agencia ha intensificado las acciones de control gracias a las denuncias ciudadanas recibidas en la app Arcsa Móvil, sobre expendio irregular de agua embotellada en condiciones de insalubridad que podría poner en riesgo la salud del consumidor.

Ante esta alerta, las autoridades competentes dispusieron un operativo de control nacional que involucra la visita a estos establecimientos para efectuar toma de muestras y realizar el análisis físico-químico y microbiológico en los diferentes laboratorios de referencia; de esta forma, se garantiza la calidad del agua embotellada que se expende en el país.


Ana Karina Ramírez, principal de la agencia reguladora, agregó que el equipo técnico también verificará que el producto cuente con su respectiva notificación sanitaria, fechas de elaboración y caducidad, y constancia de número de lote, así como su adecuado almacenamiento, tratamiento y distribución.


Con este operativo, Arcsa hace un llamado a las plantas embotelladoras a revisar sus procesos internos y tomar correctivos de manera inmediata, puesto que, en caso de presentar irregularidades o incumplimientos se iniciaría el proceso sancionatorio respectivo de acuerdo con lo que indica la Ley Orgánica de Salud, la cual establece la clausura temporal o definitiva de la infraestructura, decomiso del producto y una multa que podría ascender hasta 10 salarios mínimos.