Frente de conservación de vida Cahuasquí, a través de sus representantes, expiden carta al Gobierno


Autoridades de Cahuasquí expiden carta al Gobierno Central, considerando:


QUE, desde hace algún tiempo las parroquias de Buenos Aires y Cahuasquí, se han visto

alteradas en su tranquilidad ancestralmente conservada en base a principios de respeto y

consideración entre sus habitantes y a la naturaleza, fincados en su trabajo agropecuario;

QUE, personas extrañas a estas parroquias han emprendido la ingrata tarea de destruir la

naturaleza, a pretexto de la extracción de oro de manera artesanal que se encuentran en

las montañas de dichas jurisdicciones;


QUE, el agua es un recurso vital fundamental y prioritario para el consumo humano, el

riego de cultivos y sustento de los ecosistemas, y que nace en nuestros páramos para todas las comunidades y parroquias del cantón, y que está seriamente amenazada por la acción minera afectando a la calidad y cantidad disponible, violando nuestro derecho humano al líquido vital y a la restauración de los ecosistemas;


QUE, el Estado, al tener conocimiento de la existencia de la riqueza minera existente en

el sector, se dice ha otorgado en concesión a empresas privadas extranjeras, las áreas

pertenecientes a estas parroquias, sin tomar en cuenta el criterio de sus moradores que,

lejos de beneficiarse de sus propios recursos, los vuelve víctimas de la destrucción de sus

campos, afectando la flora y la fauna, con el concomitante daño al ecosistema;


QUE, por mandato Constitucional contenido en el Art. 57.7 determina: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y

la ley.”


QUE, nada de este mandato se ha cumplido y los moradores de estas parroquias se sienten relegados de las decisiones de los poderes públicos.


En uso de sus derechos manifiestan:

1. Oponerse a las intenciones extractivistas impulsadas por personas particulares y el propio Estado, sin tomar en cuenta a los afectados por este atentado contra la naturaleza.


2. Exhortar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que solicite la información respectiva ante las autoridades mineras, con la finalidad de determinar el área de concesión y por tanto, la afectación de nuestros bienes y los de impacto ambiental. De igual manera a la Contraloría General del Estado que inicie el proceso de auditoría para determinar las ilegalidades acontecidas y los responsables.


3. Solicitar que las autoridades estatales promuevan la realización de una consulta popular a fin de que sea la población la que se pronuncie sobre la extracción de los recursos minerales en este sector.


4. Mantenerse vigilantes y en resistencia hasta que se desechen las pretensiones extractivistas, se socialice los impactos ambientales y que la explotación irracional afectaría a las comunidades de estos sectores.


5. Invitar a las autoridades del gobierno central a invertir en proyectos que potencien

la agricultura, ganadería sustentable y turismo para promover una economía sostenible basada en el respeto a la naturaleza y a los derechos de las

comunidades.

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