Unión Europea presenta informe final sobre los pasados comicios en Ecuador


La Misión de Expertos Electorales que arribó a Ecuador en respuesta a la invitación del Consejo Nacional Electoral presentó su informe al término del proceso electoral. El documento fue socializado ante las autoridades la Cancillería del Ecuador y el Consejo Nacional Electoral el 5 de mayo, y también se presentó en una rueda de prensa el 6 de mayo.

La misión, compuesta por un grupo de tres expertos europeos, monitoreó durante más de tres meses todos los aspectos clave de los pasados comicios, incluyendo la administración electoral, el marco legal, el contexto político, así como los medios de comunicación y redes sociales.


Con toda la información, los expertos desarrollaron un informe analítico exhaustivo de las elecciones, que incluye también recomendaciones para su mejora como una contribución importante para la democracia del país.

La Unión Europea en Ecuador destaca el trabajo realizado por este equipo que, a pesar del contexto difícil en relación de la pandemia de COVID-19, llevó adelante su tarea como muestra del firme compromiso de la Unión Europea para apoyar elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en el país.


En las elecciones generales los ecuatorianos eligieron el presidente y vicepresidente, los 137 asambleístas de la Asamblea Nacional y los cinco representantes al Parlamento Andino para un mandato de cuatro años. A pesar de algunas deficiencias e incertidumbres debidas a los contenciosos pendientes en el período previo a las elecciones, el proceso electoral fue en general confiable y transparente, y culminó con éxito con el veredicto decisivo de los votantes ecuatorianos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó las elecciones en un contexto de pandemia, dificultades económicas y fragmentación política. El CNE anunció que el candidato presidencial


Guillermo Lasso (alianza Movimiento Creando Oportunidades y Partido Social Cristiano - CREO- PSC) ganó la elección presidencial con el 52,36 por ciento de los votos frente a Andrés Arauz (alianza Unión por la Esperanza – UNES), que obtuvo el 47,64 por ciento. UNES obtuvo el mayor número de escaños de la Asamblea Nacional, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. La mayor parte de los contendientes aceptaron la legitimidad de los resultados. Los resultados presidenciales dieron una cómoda victoria a Lasso y Arauz reconoció su derrota esa misma noche. Posteriormente, UNES impugnó los resultados presidenciales.


A las elecciones concurrieron 16 candidaturas presidenciales, junto a 17 listas para la circunscripción nacional y decenas de organizaciones políticas regionales para las circunscripciones provinciales que competieron por los 137 escaños de la Asamblea Nacional. Andrés Arauz (UNES), Guillermo Lasso (alianza Movimiento Creando Oportunidades y Partido Social Cristiano - CREO-PSC), y Yaku Pérez (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País) se disputaron la presidencia. El proceso de registro de las organizaciones políticas y de inscripción de candidatos fue muy controvertido, no se ajustó a las principales etapas del proceso electoral y presentó deficiencias en los procedimientos de renuncia y sustitución de candidatos. Esto generó incertidumbre sobre qué candidatos concurrirían a las elecciones, la anulación de las elecciones al Parlamento Andino en algunos países y la destitución en primera instancia de cuatro vocales del CNE.

Por lo general, los contendientes tuvieron libertad para hacer campaña y no hubo incidentes de violencia física. La campaña se distinguió por la introducción de debates presidenciales obligatorios y por la tendencia a un mayor uso de las redes sociales marcada por la pandemia. La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (MEE-UE) observó un uso de campañas de desprestigio dirigidas a desacreditar a los adversarios. Se evidenció además un discurso de odio, y el CNE no

pareció reaccionar ante los comentarios despectivos dirigidos a las mujeres, las minorías nacionales y la comunidad LGBTI. Esto quizá podría explicarse en parte por los procedimientos excesivamente burocráticos que dificultan una respuesta adecuada y oportuna a las infracciones de normativa de campaña.


La campaña en los medios se caracterizó por la posición dominante de Lasso en la cantidad de anuncios en el entorno digital y en la cobertura televisiva. Las organizaciones políticas y los candidatos con mayores recursos se beneficiaron de la falta de regulación en las redes sociales y socializaron sus mensajes y la propaganda electoral por esta vía. En la primera vuelta Lasso también lideró el gasto publicitario en Facebook, seguido en mucha menor medida por Hervas (Izquierda Democrática) y Arauz. En la segunda vuelta presidencial, Lasso contrató una mayor cantidad de propaganda política que Arauz en el entorno digital. La cobertura editorial en los periódicos privados fue ligeramente más amplia para Arauz, aunque la mitad del espacio atribuido fue con tono crítico, mientras que la cobertura para Lasso fue mayoritariamente positiva.


El CNE superó muchos desafíos en la organización de las elecciones de 2021, entre los que se incluyeron interrupciones del trabajo debido a la pandemia. El CNE también se enfrentó a un presupuesto limitado, a la recepción tardía de fondos y a la necesidad de aplicar las recientes reformas electorales. A lo largo del proceso, el CNE sufrió de un bajo nivel de confianza y legitimidad, aunque


la confianza se incrementó en cierta medida con el éxito de la segunda vuelta presidencial. El CNE actuó con un alto grado de transparencia en la toma de decisiones. Sin embargo, los desacuerdos entre los vocales del CNE dieron lugar a prolongados debates internos y afectaron de forma adversa a la administración electoral. Además, algunos de los vocales hicieron a menudo declaraciones públicas unilaterales que generaron confusión, en lugar de dar certeza al proceso electoral. A lo largo del proceso el CNE recibió asistencia técnica y durante la segunda vuelta presidencial mostró una comunicación mejorada y más coherente.


El CNE adoptó medidas positivas para garantizar un registro electoral confiable e incluyente. El CNE estableció además medidas de bioseguridad adecuadas e invirtió esfuerzos notables para acercar el voto a categorías especiales de votantes. Sin embargo, se observaron algunas decisiones desacertadas, en particular con respecto a cuestiones políticamente sensibles como su decisión de desoír una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) relacionada con el registro de organizaciones políticas y candidatos. Tras la incorporación de reformas significativas de las normas de financiación,

el CNE tomó las medidas necesarias para capacitar a las organizaciones políticas y creó una Unidad Complementaria Antilavado, pero presentó carencias a la hora de exigir la presentación de informes sobre la financiación de las campañas.


El CNE cumplió con la mayoría de los plazos operativos, pero algunas decisiones se tomaron de forma tardía y se observó una dosis elevada de improvisación. Por ejemplo, antes de la primera vuelta tuvieron que reimprimir más de seis millones de papeletas para la candidatura presidencial debido a un error técnico. El éxito de la segunda vuelta pudo haber encubierto algunas de las deficiencias de la primera vuelta, que

no se abordaron adecuadamente y que podrían aparecer en futuras elecciones.


Al comienzo de su mandato, el CNE y el TCE invirtieron esfuerzos considerables para elaborar e impulsar el paquete de reformas electorales de 2020, que introdujeron mejoras sustanciales al ordenamiento jurídico electoral. Hubo importantes avances legislativos para promover la paridad de género en los cargos electos, así como para combatir la violencia política contra las mujeres. También se introdujeron otras reformas legislativas relacionadas con el sistema electoral, la financiación

política y la justicia electoral. Otras promovieron la participación política de las minorías nacionales.


Sin embargo, se observó el incumplimiento de las normas establecidas. Por ejemplo, el CNE tomó una primera decisión de aceptar un acuerdo entre Lasso y Pérez para realizar recuentos masivos, que no se basaba en criterios jurídicos. El CNE también administró las impugnaciones relacionadas con los resultados electorales de forma incoherente y, en ocasiones, antes de iniciarse el plazo legalmente previsto.