
En sesión realizada el miércoles 27 de noviembre de 2024, el Consejo Provincial de Imbabura aprobó, en segundo y definitivo debate, la Ordenanza del Presupuesto 2025. Esta decisión se adoptó tras un proceso participativo que incluyó a la ciudadanía, la cual conoció y validó el anteproyecto en asamblea provincial, aportando sugerencias que fueron incorporadas en el documento final.
La aprobación del presupuesto constituye un paso fundamental para la planificación y distribución de los recursos públicos en el próximo año fiscal. Este instrumento permite implementar proyectos, obras y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia, garantizando un uso eficiente de los recursos disponibles.
Durante la misma sesión, se aprobó la firma de un convenio entre la Prefectura de Imbabura y el Gobierno Municipal de Pimampiro, que contempla la transferencia de 120.762 dólares para la implementación de un proyecto agrícola en la parroquia San Francisco de Sigsipamba. Este recurso será destinado al cultivo de frutales, en beneficio de los productores locales.
El proyecto busca mejorar la sostenibilidad y la competitividad de la economía agrícola en esta zona rural, promoviendo el cultivo de frutas con alta demanda en mercados locales e internacionales. Se espera que esta iniciativa impulse el desarrollo económico, social y ambiental, proporcionando una fuente de ingresos más estable para las familias de la región.
En el primer debate, se discutió y aprobó el proyecto de creación de la Empresa Pública Imbabura, con el propósito de gestionar de manera estratégica los recursos provinciales, firmar convenios, establecer alianzas y atraer inversiones. El prefecto Richard Calderón destacó la importancia de esta empresa como un instrumento clave para dinamizar los procesos de desarrollo, aprovechar los activos de la provincia y generar oportunidades económicas.
Los consejeros manifestaron su respaldo al proyecto, pero subrayaron la necesidad de realizar un análisis detallado para estructurar una institución que asegure el buen uso de los recursos públicos y priorice el beneficio de la provincia. La propuesta será revisada en próximas sesiones antes de su aprobación definitiva.
