Los cuerpos hallados calcinados el pasado 24 de diciembre en el recinto Casa de Zinc, parroquia Taura (Naranjal), fueron identificados como los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil. La noticia fue confirmada por los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quienes patrocinan a los familiares de las víctimas.
La confirmación se realizó tras la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas que llevaron a la dictaminación de prisión preventiva contra 16 militares, imputados por el delito de desaparición forzada. Según los registros, Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por los militares y luego abandonados en Taura.
El padre de Ismael y Josué reportó haber recibido una llamada la noche del 8 de diciembre, en la que un hombre desconocido informó que había estado con los menores. Durante la llamada, uno de los jóvenes confirmó haber sido golpeado por militares y proporcionó su ubicación, solicitando ayuda. Al alertar a la Policía, la familia recibió otra llamada del mismo hombre, quien advirtió sobre supuestas represalias de la mafia tras la intervención policial.
La desaparición de los menores generó una intensa búsqueda que culminó de manera trágica en Nochebuena, cuando sus cuerpos fueron hallados calcinados en un terreno desolado. El proceso de identificación incluyó análisis antropológicos y pruebas de ADN realizadas por la Fiscalía. A las 14:24 de este martes 31 de diciembre, los resultados de genética forense confirmaron que los cuerpos correspondían a los cuatro menores desaparecidos.
Los familiares pasaron la Navidad en la morgue, aportando información sobre los rasgos físicos de los jóvenes para facilitar la identificación. La tragedia ha sido calificada por expertos como un posible caso de procedimiento militar erróneo, lo que ha suscitado un amplio debate sobre la actuación de las fuerzas armadas en operativos de seguridad.
El caso continúa bajo investigación, mientras se espera que las responsabilidades sean determinadas en un proceso judicial. La comunidad exige justicia para las familias afectadas, y organizaciones de derechos humanos han destacado la gravedad del hecho, que constituye un lamentable ejemplo de violencia institucional.
