La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció un presunto abuso de poder por parte de efectivos policiales en la comunidad de Huaycopungo, cantón Otavalo (Imbabura). Según el pronunciamiento, en el marco del estado de excepción, agentes ingresaron de manera ilegal a un domicilio particular y detuvieron arbitrariamente a un ciudadano, lo que califican como una violación de derechos fundamentales.
En respaldo a esta denuncia, la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) emitió un comunicado oficial en el que rechaza enérgicamente lo sucedido en Huaycopungo y en la comunidad de Caluquí, señalando tres puntos principales:
La incursión policial y militar en territorios ancestrales sin justificación, lo que constituye —según la organización— una vulneración a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La criminalización de la protesta social y la persecución a comuneros que defienden sus derechos territoriales, el agua y la Pachamama.
La detención arbitraria de comuneros que ejercían su derecho constitucional a la resistencia frente a políticas extractivistas.
En el mismo pronunciamiento, la Chijallta FICI denunció que estas acciones buscan debilitar la organización comunitaria y amedrentar a las comunidades para la imposición de proyectos extractivos sin consulta previa.
La federación convocó a todas las comunas, comunidades y barrios de Imbabura a mantener la unidad y la vigilancia comunitaria, exigiendo:
La liberación inmediata de los detenidos.
El retiro de fuerzas policiales y militares de los territorios.
El cese de la persecución a líderes y dirigentes.
Respeto a la autonomía territorial y organizativa de los pueblos indígenas.
Finalmente, la organización anunció que se mantendrán en estado de movilización permanente, activando guardias comunitarias, asambleas y coordinaciones con organizaciones hermanas de la CONAIE y ECUARUNARI.
