El presidente Daniel Noboa decretó este lunes un nuevo estado de excepción en Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo 134, ante lo que calificó como una grave conmoción interna, generada por las movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y en vísperas de la marcha nacional por el agua y contra la minería, prevista en Cuenca.
El estado de excepción rige en siete provincias, entre ellas Imbabura, además de Carchi, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Según el documento oficial, en estas jurisdicciones se ha registrado una “mayor concentración de obstaculización de vías principales, impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales”.
El decreto otorga facultades especiales a las fuerzas del orden para restablecer el orden público y garantizar la libre movilidad. Sin embargo, aún no se han detallado las medidas específicas que se aplicarán ni la duración del estado de excepción.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión social por las recientes reformas económicas y la oposición a proyectos extractivos en varias regiones del país.
