El presidente Daniel Noboa convocó este miércoles 6 de agosto de 2025, a una movilización ciudadana hacia la Corte Constitucional, en rechazo a la reciente decisión de ese organismo de suspender artículos de tres leyes impulsadas por su gobierno: la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública.
Durante un evento en Daule, Noboa criticó duramente a los magistrados de la Corte. “No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vengan y nos tiren abajo las leyes que pueden darle seguridad y paz a sus familias”, expresó. El mandatario aseguró que encabezará personalmente la marcha convocada para el próximo martes 12 de agosto.
La Corte Constitucional resolvió suspender de forma provisional al menos 17 artículos y varias disposiciones reglamentarias de las tres leyes mencionadas, mientras analiza demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores sociales. Entre las disposiciones suspendidas figuran artículos que permitían interceptaciones de comunicaciones sin orden judicial, el uso de operaciones encubiertas y definiciones relacionadas con el conflicto armado interno y el indulto diferido.
Desde el Ejecutivo, la medida fue considerada como una acción que debilita la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que esta suspensión “es dejarnos sin defensa”.
En contraste, expertos constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos defendieron la actuación de la Corte como parte del control constitucional previsto en la ley, recordando que las medidas cautelares no implican una sentencia definitiva, sino una acción preventiva mientras se resuelve el fondo del caso.
La Corte notificó al Ejecutivo y al Legislativo para que presenten sus argumentos en un plazo de 15 días. Mientras tanto, el contenido de los artículos cuestionados permanece suspendido.
El ambiente político se tensiona con esta nueva confrontación institucional, en medio de un contexto donde el gobierno también impulsa una consulta popular que contempla reformas al sistema judicial.
